El polémico capítulo de la venta de oro por parte de las religiosas del Monasterio de Santa Clara de Belorado ha generado un intenso debate público y judicial
Origen de la historia
La historia de este acontecimiento se remonta a 2003, cuando tuvo lugar la venta del monasterio de Badaia. Este convento estaba ubicado en Vitoria, y en él, distintas monjas fallecieron con la edad. No ingresaban novicias ni nuevas vocaciones, de modo que quedaron tres últimas monjas desvalidas empujando a su comunidad al borde de la extinción.
Fue entonces cuando, a través de la federación y los conventos, acudieron hasta allí la madre Pureza (que en esa fecha era la abadesa de Belorado) junto a su vicaria. Junto a otras comunidades (Belorado, Santana de Oñate y Lecurri) asumieron la administración del monasterio, ya que debían atender a las tres monjas mayores.
La Iglesia Conciliar tomó la decisión de disolver la comunidad y poner en venta el monasterio. Cuando esto sucedió, cada una de las tres monjas mayores fue reubicada en monasterios distintos llevándose su parte de la venta al convento de destino.
El monasterio de Badaia se vendió por más de 2 millones de euros, alcanzando casi 3 millones gracias a la negociación de madre Pureza. Belorado asumió el cuidado de una de las tres monjas, y con ella llegó un remanente de 800.000 euros en 2003.
¿En qué se gastó ese dinero?
Los recursos sirvieron para acometer numerosas reformas y dar un gran impulso a Belorado. Se reformó la hospedería de San Damián, se renovó el claustro, las ventanas y las celdas entre 2003 y 2010. Se destinaron 300.000 euros a la iglesia de Artebakarra, 500.000 euros a la hospedería, y quedó un remanente de 250.000 euros, que se invirtió en oro al considerarlo un valor estable y un colchón para el futuro.
Contexto del 2020
En 2020, durante la pandemia, las monjas se vieron afectadas de manera significativa: dejaron de trabajar y de percibir ingresos, y su casa rural en Derio permaneció cerrada durante el confinamiento. El incremento de precios de materias primas como el chocolate o los frutos secos para sus productos de repostería provocó que su actividad económica cayera en picado.
Fue entonces cuando decidieron vender algunos de sus recursos. En ese contexto, pusieron a la venta acciones que habían adquirido años atrás y utilizaron los fondos obtenidos para comprar oro, considerándolo un recurso estable.
A lo largo de la historia, la mayoría de los conventos han contado con reservas de oro, plata u otros metales; era una práctica habitual de la época. Las monjas solían mantener estos recursos, así como colchones económicos, para poder afrontar imprevistos a largo plazo.
Entre los años 2000 y 2024, la comunidad retiró distintas cantidades de dinero para hacer frente a emergencias económicas. Con esos fondos pagaron deudas, aseguraron el cuidado de las cinco monjas mayores, financiaron el alquiler del restaurante-hotel en Arriondas —donde se creó el restaurante Santa María del Chicu— y adquirieron un terreno destinado a un centro canino.
Tras estas operaciones, quedaron 200.000 euros destinados a cubrir nóminas, empleados, impuestos y reformas. La comunidad consideró que este capital podría ser útil para afrontar adversidades futuras, por lo que decidió invertirlo en acciones, valores y oro. Esta decisión fue aprobada por el capítulo conventual como parte de su estrategia de seguridad económica.
Venta de oro y las cifras
El juicio actual se centra en la venta de 1,7 kilos de oro por 130.000 euros, realizada en un establecimiento especializado en Burgos. La prensa ha criticado que la operación se hizo supuestamente a título personal, aunque la comunidad defiende que este procedimiento es habitual y forma parte de su gestión normal de fondos.
El problema principal que se debate es la retirada del dinero en un período posterior al cisma, es decir, después del 8 de mayo de 2024. Algunos expertos cuestionan si la abadesa tenía capacidad legal para representar a la comunidad, dado que su autoridad para actuar estaba en disputa. Aun así, no existe evidencia de engaño ni de acto fraudulento en la transacción.
Investigación judicial
Las autoridades abrieron diligencias para determinar si la venta del oro constituye un delito de apropiación indebida o fraude, considerando que los lingotes podrían ser propiedad de la comunidad y no de las religiosas de manera individual. La abadesa que autorizó la operación ha sido citada a declarar mientras se examinan posibles irregularidades en la gestión de estos bienes.
Explicaciones de las implicadas
La comunidad ha defendido que la venta se realizó sin ánimo de lucro indebido, con conocimiento de la administración y siguiendo criterios de gestión legítima. Según su versión, la conversión de remanentes en oro busca dar estabilidad y seguridad económica al convento.
Debate público
El caso ha abierto un debate sobre cómo deben gestionarse los bienes de valor económico o histórico en las comunidades religiosas. Mientras algunos consideran que estos activos no deben venderse libremente, otros sostienen que, como parte de la administración del convento, la comunidad debería poder decidir sobre su uso legítimo.
Estado actual
Actualmente, la investigación judicial continúa abierta y no existe una resolución definitiva. Se espera que los tribunales determinen si la venta del oro fue un acto legítimo de gestión de patrimonio o si hubo irregularidades que requieran sanciones legales.
La compra de oro se realizó de manera completamente legal en Madrid, utilizando el DNI de la abadesa, tal como exige la ley. Dicho oro pertenece a la comunidad monástica, y la inversión fue consensuada por todos sus miembros. Según las religiosas, la operación está registrada en los libros contables y fue comunicada a la Archidiócesis de Burgos.