Las autoridades proceden al desalojo de las cinco monjas ancianas en torno a un gran clima de tensión

La intervención policial para ejecutar el traslado forzoso de varias religiosas de edad avanzada se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2025 y se convirtió en el eje de un conflicto entre autoridades judiciales, eclesiásticas y la propia comunidad religiosa. El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Bilbao, basándose en informes que cuestionaban las condiciones del lugar. Los hechos dieron lugar a versiones contradictorias sobre la situación de las monjas y el estado del lugar en el que residían.

En ese contexto, se produjeron varios intentos previos de traslado. El 1 de agosto de 2025 no se logró completar la operación. Finalmente, el 18 de diciembre se ejecutó el traslado desde el monasterio de Orduña, donde habían sido ubicadas unas semanas antes.

Durante ese periodo, las religiosas difundieron material gráfico y comunicativo con el objetivo de demostrar que el monasterio de Orduña reunía condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, en contraste con los informes que cuestionaban su estado.

Durante la intervención, la Guardia Civil utilizó diversas pantallas destinadas a evitar la exposición mediática de las actuaciones y a proteger la privacidad de las monjas. En el operativo participaron médicos forenses, personal sanitario y diversos vehículos adaptados para garantizar el traslado, así como varias religiosas de la Federación de Clarisas. Asimismo, las autoridades aislaron a las monjas más jóvenes en la iglesia con el fin de evitar interferencias y facilitar el traslado.

La intervención se desarrolló bajo un amplio dispositivo, mientras numerosos medios de comunicación rodeaban el monasterio de Orduña en un ambiente de gran expectación mediática.

Tras el traslado, las religiosas fueron conducidas al Hospital de Basurto para una revisión médica y, posteriormente, reubicadas en distintos conventos de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu.

En paralelo, las monjas más jóvenes denunciaron que la actuación se llevó a cabo en condiciones traumáticas y sin garantías suficientes. Según su versión, el traslado podía agravar el estado de salud de las religiosas mayores e incluso provocar el fallecimiento de algunas de ellas. Afirmaban, además, disponer de un informe de un conocido neurólogo vasco que desaconsejaba cualquier tipo de traslado.

Hacia las 13:00 horas del 18 de diciembre, varias ambulancias trasladaron a las religiosas mayores al Hospital de Basurto, actuación que las más jóvenes llegaron a percibir como un secuestro.

Sor Getsemaní falleció veinte días después de su separación del grupo, tal como habían advertido previamente, lo que sumió a la comunidad en un estado de profunda tristeza y consternación.

Desde entonces, las monjas jóvenes afirman no haber recibido información sobre el estado de salud de las mayores ni sobre su evolución, pese a décadas de convivencia. No se les permitió acceder a la habitación del hospital donde estaban ingresadas ni visitarlas en ningún momento. Tampoco fueron notificadas del fallecimiento de sor Getsemaní, del que se enteraron a través de Internet, lo que incrementó el impacto emocional del episodio.