El 24 de enero de 2025 estalló uno de los mayores escándalos de la comunidad: las monjas fueron acusadas de cobrar la pensión de una religiosa fallecida durante más de dos años.
El suceso alude a denuncias e investigaciones sobre el posible mantenimiento del pago de prestaciones tras el fallecimiento de algunas religiosas. Según estas informaciones, los abonos habrían continuado durante un tiempo por retrasos en la comunicación de los decesos o por fallos en la actualización de los registros.
El caso ha puesto el foco en los mecanismos de control y en la coordinación entre administraciones e instituciones, al tiempo que ha suscitado un debate público sobre la gestión y supervisión de estas pensiones.
Según el Diario de Burgos, la comisión gestora del monasterio descubrió el suceso al examinar las cuentas corrientes y habría solicitado a la Seguridad Social reintegrar todas las cantidades recibidas indebidamente.
Las monjas han sido criticadas por supuestamente haber cobrado durante cerca de dos años la pensión de una religiosa ya fallecida. El ingreso de 350 euros mensuales habría seguido llegando a las cuentas del convento y, tras ser puesto en conocimiento del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), podría conllevar la devolución íntegra de esa pensión, además de una sanción de tipo administrativo. La Seguridad Social fue instada a abrir una investigación para determinar si las religiosas percibieron indebidamente dicha prestación.
Las monjas aseguran que fue el INSS quien ingresó por error esas pensiones y que jamás actuaron con mala intención. Sin embargo, el arzobispado acusa a la abadesa de no comunicar el error a la Administración del Estado. Deberá determinarse si eran conscientes de la irregularidad de cobrar una pensión de una persona fallecida.
Lo cierto es que las monjas notificaron el fallecimiento al centro de salud de su municipio, un médico certificó la muerte y los servicios funerarios procedieron a la sepultura. Nadie ocultó el fallecimiento, y ellas atribuyen el cobro a un error de la administración.
Además, conviene recordar que, desde la intervención del comisario pontificio, las monjas no tienen acceso a sus propias cuentas bancarias, que fueron intervenidas. Esta situación dificulta cualquier seguimiento de los movimientos, ya que no pueden consultar sus extractos bancarios. Asimismo, han manifestado que, si hubieran percibido alguna cantidad indebida, la devolverán íntegramente.