Las monjas de Belorado han remitido a los medios de comunicación un comunicado en el que exponen su valoración sobre los presuntos delitos recogidos en el auto de apertura de juicio oral, rechazando de forma categórica las acusaciones formuladas contra ellas.
En relación con el presunto delito de coacciones, las religiosas sostienen que se trata de una acusación «imaginaria». Afirman que existen dos declaraciones directas de las monjas de mayor edad, recogidas en documentos públicos —un acta de la Guardia Civil y un acta judicial—, en las que manifestaron su voluntad de permanecer en el monasterio de Orduña junto a sus hermanas. Añaden que no existe ninguna constancia documental de una voluntad distinta.
Respecto a los presuntos delitos de malos tratos y abandono, las monjas aseguran que las acusaciones son «inventadas». Según explican, cuando las religiosas mayores fueron trasladadas al hospital y examinadas en el servicio de Urgencias presentaban, afirman, un estado de salud normal, estaban correctamente hidratadas y nutridas y las analíticas reflejaban la administración de la medicación que tenían prescrita. Sostienen, por ello, que no existió abandono ni falta de atención médica. Asimismo, califican de «falsas» las acusaciones relativas a una supuesta falta de higiene, ausencia de descanso o incidentes con animales, y sostienen que dichas afirmaciones proceden de personas que, según su versión, no conocían de primera mano la vida en el monasterio y, en algunos casos, actuaban movidas por animadversión hacia la comunidad.
En cuanto a los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, las religiosas consideran que las acusaciones constituyen una «completa deformación de la realidad». Explican que el destino de las pensiones de las religiosas mayores era contribuir al sostenimiento de la comunidad y a los gastos derivados de su cuidado, un sistema que, señalan, responde al funcionamiento habitual de un monasterio de clausura, donde todos los ingresos se integran en una caja común.
Las monjas cuestionan además que las pensiones fueran percibidas por el comisario designado para intervenir los monasterios, al entender que no convivía con la comunidad ni asumía directamente la atención de las religiosas mayores. Según exponen en el comunicado, dicho comisario habría recibido la totalidad de las pensiones entre junio y diciembre de 2024 y, en el caso de dos de las religiosas, continuaría percibiéndolas en la actualidad. Las religiosas sostienen que, pese a ello, no ha sido investigado por esos hechos.
Finalmente, defienden que los recursos económicos del monasterio siempre se destinaron al mantenimiento de la comunidad y a la atención de las religiosas, citando como ejemplo el coste de un tratamiento privado de rehabilitación para una de las monjas mayores, cuya pensión —afirman— nunca fue gestionada por ellas. También rechazan las acusaciones de haber destinado esos fondos a fines particulares, asegurando que las únicas actividades económicas desarrolladas por la comunidad eran las destinadas a garantizar su sostenimiento, como la cría de mascotas y la explotación de un restaurante tras el cese de la actividad relacionada con la elaboración de chocolate.
